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HRW pidió que negociación en México logre elecciones libres y reformar el sistema judicial

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
30 agosto 2021
en Destacado, Venezuela
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Archivo AP

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Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes que en la ronda de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria liderada por Juan Guaidó, prevista del 3 al 6 de septiembre en México con la mediación de Noruega, se comprometan a adoptar medidas básicas para restablecer el respeto a los derechos humanos, permitir que se realicen elecciones libres y justas y reformar el sistema judicial.

“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Para que una negociación de este tipo sea exitosa, debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela, lo cual incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país. También debe contar con un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo”.

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En julio, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de derecho y los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

Human Rights Watch reportó que continúa la brutal represión del régimen de Maduro y agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen gravísimos abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas.

Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país.

El desafío consiste en reestablecer el Estado de derecho que el régimen de Maduro ha desmantelado por completo, expresó Human Rights Watch. Para que esto sea posible, el régimen de Maduro debería comprometerse a:

  • Liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
  • Ordenar que las fuerzas de seguridad cesen las detenciones arbitrarias y los abusos contra opositores y pongan fin a su colaboración o aquiescencia con grupos armados partidarios del gobierno para intimidar a críticos y cometer abusos, incluyendo en zonas fronterizas y en áreas donde se desarrolla la minería ilegal de oro.
  • Reformar la Policía Nacional Bolivariana y, entre otras medidas, disolver la fuerza de policía especial FAES.
  • Terminar con la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Las autoridades deben poner fin al hostigamiento público, garantizar que las organizaciones internacionales puedan obtener la documentación necesaria para operar en el país y restituir todos los bienes, equipos y oficinas del periódico El Nacional a sus propietarios.
  • Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos, que tengan interés y capacidad de proporcionar ayuda de forma apolítica y acorde con los principios humanitarios básicos.
  • Trabajar con expertos en sistemas de justicia de la sociedad civil, venezolanos e internacionales, así como con la oposición, para establecer una comisión independiente con el fin de formular propuestas concretas y trabajar con las autoridades relevantes para:
    • Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial, para lo cual es necesario:
    • Establecer un mecanismo para nombrar a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso de selección abierto y transparente que cuente con el mayor grado posible de consenso político,
    • Derogar disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permiten que los legisladores puedan destituir a magistrados por mayoría simple de votos, y
  • Asegurar que los jueces inferiores ocupen cargos permanentes con garantías de inamovilidad.
    Derogar las disposiciones legales violatorias de la libertad de expresión que fomentan la autocensura, incluidas todas las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio.
  • Derogar las disposiciones legales que violan el derecho de libre asociación al limitar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil.
  • Asegurar que haya elecciones libres y justas con observación internacional independiente.

Asimismo, los representantes de Maduro deberían asumir el compromiso de asegurar que el Ministerio Público:

  • Deje de fabricar cargos que obedecen a motivaciones políticas contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos.
  • Retire todos los cargos contra críticos, opositores políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos procesados por cuestionar acciones o políticas del gobierno, y poner fin a los procesos que respondan a motivaciones políticas.
  • Investigue de manera oportuna y exhaustiva los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo cual incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos penales arbitrarios, torturas y maltrato, y desapariciones forzadas. Deben permitir el acceso de las víctimas, sus abogados y los observadores internacionales autorizados por las víctimas a todo el expediente judicial. Las investigaciones deben examinar la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de los funcionarios de alto rango que sabían o deberían haber sabido lo que estaban ocurriendo.
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