La ONG Acceso a la Justicia afirmó este jueves que la Asamblea Nacional chavista incumplió la ley al destituir a Juan Carlos Delpino de su cargo de rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y asegura que la normativa establece que antes de este proceso debe haber un «previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)».
«Los rectores electorales figuran en la lista de altos funcionarios del Estado que gozan del privilegio del antejuicio de mérito, por lo que cualquier investigación penal y proceso judicial debe ser previamente autorizado por el TSJ», señala la organización en una publicación en su página web.
Señala también que «pese a que el máximo juzgado no había emitido ningún fallo en contra de Delpino, ni nadie se lo había requerido, la Asamblea Nacional lo destituyó».
Afirmó que «este proceso es otra prueba de que el principio de separación de poderes (…) no existe en el país, ya que con esta decisión la AN se ha inmiscuido, incluso usurpado, las potestades del CNE, el TSJ y la Contraloría General».
Además, «la destitución de Delpino fue publicada en la Gaceta Oficial n.º 42.987 del 17 de octubre. No obstante, en el acuerdo de la AN solamente se anuncia la decisión y no se ofrecen los argumentos que la sustentan. Ninguna de las razones esgrimidas por los tres diputados que participaron en el debate (Julio Villaroel, Iris Varela y Jorge Rodrígurez) para justificar la medida acompaña al documento publicado».
Con información de Acceso a la Justicia / EFE