El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó otros diez pedidos de nulidad de actas de la segunda vuelta presidencial disputada el pasado 6 de junio, presentados por la candidata derechista Keiko Fujimori, lo que lo acerca al fin de revisión de solicitudes que pondría fin al proceso electoral, en el que Pedro Castillo mantiene una ventaja de 44 mil votos.
Con información de EFE
El pleno del JNE tomó esa decisión tras retomar sus reuniones luego de superar durante este fin de semana la falta de quórum en que quedó por la renuncia, el miércoles pasado, del magistrado Luis Arce Córdova, quien representaba al Ministerio Público.
Luego haber incorporado el sábado al magistrado Víctor Rodríguez Monteza en reemplazo de Arce Córdova, este lunes el JNE revisó y declaró “infundados” otros diez expedientes presentados por los representantes legales del partido de Fujimori, Fuerza Popular.
El jurado electoral también acordó por mayoría declarar “improcedente” un solicitud que hizo el partido fujimorista para que se anule la resolución que suspendió a Arce Córdova de sus funciones y permitió que sea reemplazado por Rodríguez Monteza.
La decisión
En cumplimiento de su decisión de difundir públicamente sus reuniones, el jurado electoral transmitió por su señal de televisión y sus redes sociales la audiencia de alegatos y el debate posterior de este lunes.
En la audiencia se revisaron seis expedientes provenientes del Jurado Electoral Especial (JEE) de la región selvática de San Martín y otros cuatro de la sur andina de Huancavelica.
Tras ello, el presidente del JNE, Jorge Salas, comunicó que la votación de los diez nuevos casos se desarrollaría por la tarde, cuando se determinó que no se acreditó la presunta falsificación de firmas y el supuesto favorecimiento a algún candidato que alegaron los representantes legales del fujimorismo. En uno de los expedientes, los abogados de Fuerza Popular presentaron una pericia grafotécnica sin la firma de un especialista.
Segundo revés para el Fujimorismo
Esta decisión se convirtió en un segunda revés para el fujimorismo en el JNE, que es la instancia definitiva en temas electorales de Perú y el miércoles pasado comenzó a rechazar de manera definitiva las denuncias de supuesto fraude electoral realizadas por Fujimori.
La candidata ha pedido anular cientos de actas de votación en lugares del país donde su rival electoral, el izquierdista Pedro Castillo, obtuvo una amplia votación, con el objetivo de evitar su tercera derrota consecutiva en unas elecciones presidenciales.
En total, son unos 200.000 votos de más de 800 mesas de votación que Fujimori ha intentado anular por presuntamente haber sido parte de un “fraude sistemático”, que ya ha sido rechazado en primera instancia, por falta de pruebas contundentes y solicitudes extemporáneas, por los JEE del país. Pero de las apelaciones pendientes, aún si todas fueran admitidas, no alcanzaría para revertir la diferencia.
El miércoles pasado el pleno del JNE rechazó las primeras diez apelaciones de la candidata derechista, que recibió 44.058 votos menos que Castillo, quien obtuvo el 50,12 % de la votación de la segunda vuelta, según estableció el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El organismo electoral informó que este martes revisará otros ocho expedientes de apelación sobre pedidos de nulidad de actas de la segunda vuelta electoral.
Impedimento de proclamar al ganador
Los pedidos de nulidad de actas ante el organismo electoral, así como otras medidas legales que ha presentado el fujimorismo y sus seguidores, la mayoría de los cuales ya han sido rechazados, impiden hasta el momento que el JNE proclame al ganador del balotaje.
La posibilidad de un “fraude” ha sido ampliamente rechazada por misiones de observación electoral que supervisaron los comicios, como de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.
Esto ha sido refrendado además con un exhaustivo análisis de todas las actas electorales realizado por la encuestadora Ipsos, que no halló irregularidades graves, mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que las elecciones peruanas han sido “un modelo de democracia en la región” al considerarlas “justas, abiertas y transparentes”.
