El gobierno de Curazao anunció recientemente que apelará la decisión judicial que liberó a nueve migrantes irregulares venezolanos que estaban recluidos en la cárcel de la isla.
Al respecto, el ministro de Justicia, Shalten Hato, aseveró que sí existen bases jurídicas para proceder con la detención y posterior deportación del grupo de indocumentados, conformado por cuatro mujeres y cinco hombres.
Sin embargo, en el fallo -que concluyó con la excarcelación- el tribunal de Curazao indicó que los indocumentados estaba sometidos a un régimen más estricto que el aplicado a los delincuentes comunes.
Mientras los condenados y procesados penales pueden tener acceso a un polideportivo, biblioteca, talleres y vista al exterior, los migrantes venezolanos tenían que permanecer 18 horas en celdas oscuras, “no tenían vista al mundo exterior, pocas oportunidades recreativas y ninguna actividad diaria significativa”.
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