Un total de 153 periodistas fueron atacados durante la cobertura de las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado 7 de diciembre, la mayoría de ellos en Lima, denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que aclaró que los agresores más frecuentes fueron agentes policiales.
Los datos, recogidos por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista de la ANP, muestran que los ataques a periodistas sumaron 94 en enero y revelan que «la mayor cantidad se ha concentrado en Lima y que los agentes agresores más frecuentes fueron los efectivos policiales».
La asociación destacó este viernes que, entre los hechos de mayor gravedad, se encuentra la «amenaza de muerte por parte de policías al fotoperiodista de la Agencia EFE Aldair Mejía en Juliaca (departamento de Puno) el 7 de enero» pasado.
También resaltó la detención de 4 comunicadores regionales provenientes de la sureña región de Puno durante la irrupción policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, quienes fueron liberados 30 horas después, así como la agresión contra el equipo periodístico del portal Wayka.pe, a quienes «agentes policiales no solo agredieron físicamente, sino los despojaron de sus equipos de trabajo».
Además, la ANP subrayó la «agresión hostil» de la que fue víctima un equipo periodístico de América Televisión, cuando unos «vándalos abordaron dentro» de su vehículo arrojándoles piedras y provocando que uno de ellos perdiera dos dientes.
Destacó también el robo de un micrófono y el impedimento de una cobertura a una reportera de la emisora RPP y el caso de un videoreportero del diario La República, que fue atacado «con palos, piedras y golpearon en el piso para luego exigirle desbloquear su teléfono celular para mostrar lo que había registrado».
La oficina de la ANP señaló que el pasado 19 de enero, cuando se convocó a la denominada «toma de Lima», se registraron el mayor número de agresiones contra periodistas en un día, tras sumar 19 ataques en una sola jornada. «Esta cifra supera el récord de las 16 agresiones ocurridas el 10 de noviembre de 2020, en el contexto de las protestas en defensa de la democracia», detalló.
La asociación reafirmó en un comunicado su rol vigilante para registrar las agresiones a profesionales de la información y para activar, con entidades públicas y de la sociedad civil, medidas de prevención, defensa y acción frente a estos acontecimientos.
Desde que arrancaron las movilizaciones sociales el 7 de diciembre pasado, 66 personas han perdido la vida en enfrentamientos directos entre manifestantes con las fuerzas del orden o por hechos vinculados a los actos de protesta.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, un adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente. EFE