La votación de las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias de Ecuador comenzó este jueves con el sufragio de los presos sin sentencia en firme, un proceso que se lleva a cabo dentro de las prisiones.
Un total de 4.756 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto, en 39 Centros de Rehabilitación Social y, para el efecto, se han instalado 62 Juntas Receptoras del Voto, en 20 provincias.
Al inaugurar la jornada, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía para el desarrollo del evento y para garantizar la seguridad del material electoral.
Los votos recibidos este jueves serán escrutados una vez que concluya la jornada electoral del próximo domingo.
Luis Ordóñez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), organismo encargado de las prisiones, aseguró que el voto que se desarrolla este jueves es «un prueba tangible de la democracia inclusiva».
«Este evento demuestra el compromiso indeclinable del Estado con el respeto y la garantía de los derechos políticos de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada», subrayó.
El CNE apuntó que realizó las articulaciones con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el SNAI y el Registro Civil, con el fin de garantizar que los reos sin sentencia en firme «puedan ejerzan su derecho al voto y participen en la toma de decisiones trascendentales del futuro del país».
La ceremonia de inauguración se realizó en la sede matriz del CNE, en la víspera del llamado «voto en casa», que tendrá lugar mañana, viernes, para las personas con algún tipo de discapacidad, que se hayan inscrito para esa modalidad.
El próximo domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para designar a quien completará el período presidencial para el que fue elegido el conservador Guillermo Lasso (2021-2025).
En mayo pasado, Lasso disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, cuando se disponía a debatir y votar su destitución en un juicio político de censura en su contra por presunta malversación, que él negaba.
Al mismo tiempo, invocó la llamada «muerte cruzada», contemplada en la Constitución, y pidió la convocatoria de elecciones extraordinarias, acortando así su mandato a la mitad, por lo que quien lo reemplace gobernará hasta el 24 de mayo de 2025.
EFE