El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la sentencia de muerte para Darryl Bryan Barwick, un hombre condenado por un asesinato ocurrido en 1986, que, de llevarse a cabo en mayo próximo y tras otra ejecución programada de abril, sería la tercera en Florida en menos de tres meses.
En una carta enviada a Warden Donald Davis, director del Departamento de Correcciones (Prisiones) de Florida, DeSantis comunica que firmó esta pena de muerte y adjunta el documento de sentencia de la Fiscalía.
Según este documento, firmado por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, Barwick fue declarado culpable de asesinato en primer grado en noviembre de 1986 por la muerte de Rebecca Wendt, ocurrida en el condado de Bay a principios de ese año.
«Barwick también fue declarado culpable de robo a mano armada e intento de agresión sexual», reza la sentencia. De acuerdo con el documento, Barwick fue condenado a muerte por el asesinato de Wendt el 30 de enero de 1987 por un tribunal de primera instancia, en el que el jurado falló con 9 votos a favor y 3 en contra de la ejecución.
Tras una apelación, la Corte Suprema de Florida revocó la condena de Barwick y envió el caso a un tribunal inferior para un nuevo juicio, en el que resultó nuevamente condenado a muerte en agosto de 1992, según describe el documento de la Fiscalía estatal.
La ejecución de Barwick está programada para el próximo 3 de mayo a las 18.00 hora local.
En enero de este año se llevó a cabo la primera ejecución de un condenado a muerte desde 2019.
Donald David Dillbeck, de 59 años y condenado a muerte por un asesinato cometido en 1990, años después de haber matado a un policía, fue ejecutado con una inyección letal.
Para el 12 de abril está programada la de Louis Gaskin, condenado por un doble asesinato cometido con un rifle en 1989.
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida le pidió en una carta a DeSantis que no firmara la autorización para ejecutar a Dillbeck, pero fue ejecutado.
En la carta, los obispos subrayaron que castigar con la pena de muerte «debería ser inadmisible».
El presidente de EE.UU., Joe Biden, aplicó en 2021 una moratoria a las ejecuciones federales, después de que su antecesor, Donald Trump, las reanudara durante su mandato presidencial.
Según datos del Departamento de Correcciones (Prisiones) de Florida, actualmente hay casi 300 presos en el «corredor de la muerte» del estado, como se conoce el lugar donde permanecen los que van a ser ejecutados.
El preso de edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años, que fue condenado por tres asesinatos que aún al día de hoy asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.
Florida podría reducir las exigencias para sentenciar a una persona a la pena de muerte en virtud de un proyecto de ley que ya pasó el trámite en el Senado y deberá ser aprobado en la Cámara de Representantes antes de ser enviado al gobernador Ron DeSantis, favorable a la medida, para su firma.
El proyecto, aprobado recientemente en el Senado con 29 votos a favor y 10 en contra, establece que un juez podrá imponer la pena capital a un condenado si 8 de los 12 miembros del jurado así lo recomiendan, algo que va contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., que considera inconstitucional para estos casos la mayoría simple y exige un voto unánime.
DeSantis anunció en 2022 que quería volver a la condena a muerte por mayoría simple, vigente en Florida hasta que la Corte Suprema obligó a cambiarlo en 2016.
Con información de EFE