La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del dirigente opositor Noel Vidal Álvarez Camargo, al considerar que enfrenta un riesgo grave y urgente que pone en peligro sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
En la Resolución 47/2025, emitida el pasado 10 de julio, la CIDH alertó sobre el deterioro progresivo de la salud de Álvarez Camargo, detenido desde el 10 de enero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El dirigente político —persona mayor, excoordinador nacional del partido Gente y líder del Comando Con Venezuela durante la campaña presidencial de 2024— fue víctima de desaparición forzada por varios días y se encuentra incomunicado desde el 11 de marzo, según denuncias recibidas por la Comisión.
La CIDH explicó que, pese a solicitudes formales, el Estado venezolano no ha proporcionado información sobre su condición actual ni ha garantizado acceso a atención médica, aumentando la preocupación por su integridad.
En virtud del Artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado venezolano:
- Adoptar medidas urgentes para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de Álvarez Camargo.
- Garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con estándares internacionales, incluyendo una evaluación médica inmediata y atención especializada.
- Asegurar contacto regular con sus familiares y abogados de confianza.
- Informar sobre los cargos en su contra y explicar por qué no ha sido liberado bajo medidas alternativas mientras espera juicio.
- Concertar las medidas a adoptar con los representantes del beneficiario.
- Investigar los hechos que motivaron esta resolución y evitar su repetición.
La Comisión recordó que estas medidas no implican un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos que puedan ser eventualmente presentadas ante el sistema interamericano.
La situación de Noel Vidal se suma a una serie de denuncias recientes sobre incomunicación, tratos crueles y detenciones arbitrarias contra dirigentes políticos en Venezuela, en el contexto posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024.