El expresidente de Perú Martín Vizcarra ingresó este jueves a la cárcel de Barbadillo, situada en el este de Lima, para cumplir con los cinco meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional en Moquegua, y coincide en esa prisión con los también exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Vizcarra (2018-2020) fue conducido por la Policía Judicial desde la carceleta del Poder Judicial, en la que pasó la noche, hacia la sede del penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en una furgoneta fuertemente resguardada y seguida por medios de prensa.
Minutos antes, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informaba que el procesado Vizcarra había sido clasificado al establecimiento penitenciario Barbadillo, donde solo están recluidos los exmandatarios, y que garantizaba el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario, conforme a ley.
En los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima, desde donde salió la furgoneta con Vizcarra, hubo varios simpatizantes que lanzaban arengas de apoyo al exmandatario y entre ellos se encontraba su hermano Mario Vizcarra, quien declaró a la prensa que su familiar «pronto estará en libertad».
«Él está tranquilo porque tiene la conciencia limpia», expresó su hermano.
El miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva por cinco meses contra Vizcarra para evitar que rehuya a una eventual condena en el juicio por el delito de cohecho pasivo propio, a raíz de los presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
Vizcarra denuncia contubernio político
Tras la resolución y cuando Vizcarra ya estaba detenido, su cuenta en la red social TikTok difundió un pregrabado video de dos minutos de duración donde rechazaba su prisión preventiva.
«Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado porque esto no se trata ya de justicia, se trata de política», dijo el exmandatario.
«Hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial», indicó Vizcarra, que según varias encuestas figuraba entre los primeros en intención de voto para las elecciones de 2026, pese a tener una triple inhabilitación impuesta por el Congreso.
Recordó que fue destituido en 2020 de la Presidencia de la República por el Parlamento, y en los últimos años, precisamente el Congreso lo ha inhabilitado tres veces y lo ha «sacado» del partido Perú Primero que él mismo fundó y con el que lideraba las encuestas de intención de voto.
Graves sospechas
Este miércoles, el magistrado afirmó que existían fundados elementos de convicción sobre la comisión de delito por parte del expresidente para dictar su prisión preventiva por el nivel de sospecha grave y peligro procesal razonables.
El juez aclaró que, con su decisión, «no determinó culpabilidad», sobre el delito de cohecho, porque el principal sustento es el peligro procesal del acusado, por presuntamente haber recibido 2,3 millones de soles (611.000 dólares) de las empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
En ese sentido, explicó que se trata de una medida de coerción para someterlo a un proceso penal, en el que se solicita una pena de 15 años de cárcel.
Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, se quejó de que la resolución emitida inmediatamente después de la audiencia ya estaba «previamente redactada» con su decisión.
«¿Qué riesgo de fuga va a existir si sigue estando presente y sigue acudiendo a todas las citaciones judiciales? ¿Qué más muestra de que el señor presidente se ha acogido a todas las decisiones jurisdiccionales?», se cuestionó el letrado.
Agregó que están «convencidos de que esta decisión se sustenta en la presión realizada por algunos medios de comunicación y sectores que están en contra de Martín Vizcarra».
Siccha anticipó que apelarán la decisión de prisión preventiva al argumentar también que el juez Chávez Tamariz está casado con una fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato de la Fiscalía de Perú, que integra el mismo fiscal Germán Juárez que investiga a Vizcarra, entre otros expresidentes peruanos.
EFE
