El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechazó de manera contundente el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, el cual fue aprobado el 24 de enero de 2023 en primera discusión en la Asamblea Nacional.
El proyecto configura la mayor amenaza registrada en el país contra la existencia de las organizaciones no-gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, y el accionar libre e independiente de personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios.
La iniciativa legislativa constituye un atentado contra los principios democráticos y pretende cerrar el espacio cívico para toda la sociedad. El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación Internacional y de la labor de las ONG de derechos humanos y de los actores humanitarios. En definitiva, afecta el desarrollo, esencia y actividades independientes de las diversas asociaciones que trabajan en el país.
Las ONG desempeñan un rol fundamental de contención por su contribución con la sociedad en especial con los más desprotegidos. Este trabajo incluye el acompañamiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, acciones de capacitación y formación, impulso del desarrollo social, promoción del deporte, la ciencia y la salud, entre otras áreas. Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas.
La existencia de una sociedad civil es fundamental en toda democracia. El libre actuar de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los índices fundamentales que definen a una sociedad democrática. En ese sentido, conforme a la Constitución venezolana y los estándares internacionales, el Estado venezolano tiene la obligación de respetar y proteger el trabajo de las ONG como una expresión democrática de la libertad y los derechos de asociación, libertad de expresión y participación, entre otros.
Las ONG en Venezuela están sujetas en general al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente; y en particular, están reguladas por un marco jurídico para su constitución y actuación. Además, los locales donde trabajan estas organizaciones están obligados a cumplir con las obligaciones y permisos sanitarios, de bomberos y urbanísticas, contenidas en las diversas ordenanzas municipales.
Este proyecto de ley no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que de manera sistemática está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG y de las personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios.
En el año 2006 fue aprobado en primera discusión un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que restringía su actuar y condicionaba el acceso a los fondos de cooperación internacional. Posteriormente, en los años 2010, 2015, 2021 y 2022 se propuso nuevamente su aprobación.
En el año 2021 se publicó la Providencia Administrativa 001 y 002 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en donde se creó la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) con el objetivo de someter a las ONG al “control, supervisión, fiscalización y vigilancia” por medio de la inscripción al Registro Unificado de Sujetos Obligados, imponiéndole cargas de demostrar que no han cometido ilícitos, ni se han asociado para delinquir, enfrentándose ante un órgano administrativo y además de establecer mecanismos de vigilancia de las actividades de las organizaciones.
En cada una de estas ocasiones, estas restricciones vulneraron la Constitución venezolana, así como los estándares internacionales sobre los derechos a la asociación, participación, no discriminación, debido proceso y reserva legal.
Las restricciones propuestas en el Proyecto de ley violan los estándares internacionales sobre las restricciones legítimas de los derechos humanos.
De aprobarse esta ley, las ONG constituidas válidamente conforme al ordenamiento jurídico venezolano son sometidas a un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo Nacional para obtener su “personalidad jurídica” y poder actuar válidamente; los requisitos solicitar esta autorización y mantenerla no solo son exageradamente intrusivo sino que se delega al Ejecutivo Nacional el establecimiento de requisitos adicionales (deslegalización); y se somete a las personas que dirigen y laboran ese para existir jurídicamente y requisito de presentar una declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República, violándose injustificadamente su privacidad sin necesidad, justificación ni garantías
Las organizaciones que integran el Foro por la Vida nos declaramos en Emergencia por la inminente aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, dado que el mismo configura una certera amenaza contra la propia existencia de las ONG y del legítimo trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y del ámbito humanitario en Venezuela.
Resulta preocupante que la normativa utilice un lenguaje vago por impreciso para restringir indebidamente la libertad de asociación, expresión, participación política e igualdad ante la ley. En consecuencia, estas restricciones afectarán a las personas más vulnerables, quienes son los principales beneficiarios de las labores de las ONG.
Finalmente, las organizaciones que integramos el Foro por la Vida exigimos respeto y garantías para el trabajo de las ONG y los derechos de las víctimas y personas más necesitadas del país; y solicitamos que el Estado venezolano se abstenga de aprobar el Proyecto de ley propuesto, ya que con él se violan los derechos humanos de las personas que defienden derechos y actores humanitarios, reconocidos en los instrumentos internacionales; así como uno de los componentes fundamentales de la democracia.
Suscriben:
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CPDH-UCV), Comité de Familiares Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Comisión de Justicia y Paz de Cáritas Los Teques, Comisión Justicia, Paz y Defensa de la Vida (CONVER), Comisión Justicia y Paz, Espacio Público, Fundación Centro Gumilla, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
