Amnistía Internacional condenó la persecución e intento de criminalización contra los defensores de Derechos Humanos en Venezuela Marino Alvarado y el padre jesuíta Alfredo Infante, representantes de Provea y Lupa por la Vida, respectivamente, tras la demanda interpuesta por el gobernador chavista de Carabobo Rafael Lacava.
«Total condena ante la persecución e intento de criminalización contra los reconocidos defensores de #DDHH
Marino Alvarado y el padre Infante del Centro Gumilla por parte de gobernador de Carabobo en su afán por seguir encubriendo graves violaciones de DDHH«, escribió Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de la organización en su cuenta en Twitter.
🇻🇪 🚨 Total condena ante la persecución e intento de criminalización contra los reconocidos defensores de #DDHH @marinoalvarado de @_Provea y el Padre Infante del @centrogumilla por parte de gobernador de #Carabobo en su afán por seguir encubriendo graves violaciones de #DDHH https://t.co/frPjMnjwe3
— Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) May 17, 2022
El gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó por supuesta “difamación agravada y continuada” a los defensores de derechos humanos Marino Alvarado, de PROVEA, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, por denunciar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía regional.
La demanda se produce luego de que el pasado mes de marzo, durante la presentación del informe Lupa por la Vida, Alvarado e Infante denunciaran que la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el año 2021, por lo que solicitaron que se investigue al gobernador Rafael Lacava.
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